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17 de jun de 2020 18:02
Por irregularidades en contrataciones, abren investigación contra gobernadores y alcalde
Red+ Noticias | Bogotá

Por apremiar con contratos a los aportantes de sus campañas y malversar los incentivos para la atención del nuevo coronavirus en Colombia, más de veinte mandatarios podría terminar envueltos en procesos penales. 

A propósito del frente anticorrupción -integrado por las 'ías'- para evitar el detrimento de recursos públicos en medio de la emergencia sanitaria, Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, anunció la apertura de tres procesos de responsabilidad fiscal contra: 

  • Óscar Barreto Quiroga, gobernador del Tolima: por un contrato de $2.121 millones. 
  • William Dau Champat, alcalde de Cartagena: por un contrato de $193 millones. 
  • Juan Carlos Iral Gómez, gobernador del Guainía: por un contrato de $112 millones de pesos.

#TransparenciaParaLaEmergencia “Los resultados de ese seguimiento preventivo nos han llevado a abrir nuevos procesos de responsabilidad fiscal contra tres gobernadores y el alcalde de una ciudad capital”: @pipecordoba pic.twitter.com/Aq9UWf2GIs

Durante la declaración, el funcionario señaló la apertura de indagaciones preliminares por supuestos sobrecostos en contratos relacionados con la atención del COVID-19 a nueve Gobernaciones, once Alcaldías y un hospital departamental.

  • Además, de dos procesos por irregularidades en contrataciones contra las Alcaldías de Girardot (Cundinamarca) y Chiriguana (Cesar).

Las indagaciones preliminares enlodan a las gobernaciones de: Norte de Santander (2), Valle del Cauca (2), Cesar (2), Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés; y a las Alcaldías de Cúcuta (2), Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar).

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación avanzó en la priorización de 2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 a actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de derechos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos.

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