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1 de dic de 2020 06:57
Reclutamiento forzado de menores de edad no paró durante la pandemia, denuncia Defensoría
Red+ Noticias | Bogotá

Según la entidad entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre de este año se reportaron 83 casos, de los cuales 23 fueron denunciados por defensores comunitarios; igual número en las oficinas de la Defensoría, seis en ONG, dos por la Agencia de Naciones Unidas y 29 por otras entidades.

En medio de la pandemia causada por el covid-19, grupos armados ilegales continuaron el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes, advirtió este martes el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.  

  • De acuerdo con las autoridades, los departamentos en donde ocurrieron estos hechos fueron  Caquetá (21 casos), Cauca (19), Putumayo (8), Antioquia (7), Arauca (6), Chocó (4), Amazonas (3), Córdoba (3), Huila (2), Meta (2), Vichada (2), Nariño (2), Bolívar (1), Boyacá (1), Cundinamarca (1) y Tolima (1). El 80 % de estos delitos sucedieron en zonas rurales.  
"Las edades de las víctimas oscilan entre los 8 y los 18 años de edad. De ellos, 33 % son menores de 14 años de edad y 59 % son hombres. Además, 20 son indígenas y 2 afrodescendientes”, señaló la Defensoría. 

Además del reclutamiento forzado, se establecieron otros delitos de los que son víctimas los menores de edad, como desplazamiento forzado (18 casos), amenazas (16), desapariciones forzadas (3), violencia sexual (2), lesiones personales (2) y otros (16). 

“Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos de los colombianos y se acabe el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y mucho más cuando sus familias son afectadas por la pandemia en cuanto a su salud y a la falta de recursos económicos”, indicó Camargo. 
  • Ante esta problemática, la defensoría resaltó la necesidad de formular estrategias de generación de ingresos que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas tanto de menores de edad como a sus familiares y/o cuidadores.  
Asimismo, “ampliar la oferta de oportunidades desde la legalidad que les permita generar proyectos de vida posibles y adecuados a sus expectativas, de manera que perciban más y mejores condiciones de protección contra las amenazas de los grupos armados ilegales”. 

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