Delegación de Petro retenida por grupo armado en Chocó. Foto Daniel Martínez - AFP.
23 de sep de 2022 10:23
Puntos clave de la ley de sometimiento para grupos ilegales
Red+ Noticias | Bogotá D.C.

El proyecto de ley pretende racionalizar la política criminal mediante la reorganización de penas y sus cuantías. Sin embargo, el texto tendría modificaciones según su discusión en el Congreso. 

Se conoció el borrador del proyecto de ley de sometimiento para los grupos armados que, como anunció previamente el canciller, Álvaro Leyva, impulsará el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República para trabajar por la denominada 'paz total'.

El proyecto de ley tiene como objetivo principal desmontar el esquema de prohibiciones que hicieron "ineficiente" la administración de justicia en materia penal, desarrollar el concepto de prisión comunitaria y/o darle vigor a los principios restaurativos de la pena.

Uno de los puntos más importantes de esta ley es el beneficio de rebaja de pena de hasta el 60 % para los altos mandos de las estructuras criminales, quienes deberían pagar su condena en centro carcelario y recibirían otros beneficios como permisos de 72 horas, en las primeras etapas de su condena. 

“Para altos mandos, cuyos roles hayan permitido una imputación de delitos atroces (concurso de delitos), una vez condenados con la rebaja del 60 % de la pena imponible, iniciarán a cumplirla privados de la libertad en establecimientos de reclusión. Cumplida ¼ de la pena podrán acceder a permisos de 72 horas en las cuales deben cumplir la carga restaurativa del programa de restauración y reinserción especial”, destaca el proyecto. 

Igualmente, indica que cumplidas dos quintas partes de la pena, los condenados entrarán a un periodo semiabierto donde accederían a permisos de 15 días cada dos meses, debiendo cumplir la carga restaurativa del programa de restauración y reinserción especial. Cumplida ½ de la pena seguirán en periodo semiabierto, pero tienen la opción de solicitar la prisión comunitaria.

"Si no se puede conceder el beneficio de prisión comunitaria, el condenado podrá optar por solicitar la libertad preparatoria, en la cual el condenado está obligado a pernoctar en el establecimiento penitenciario debiendo cumplir en el día con el programa de restauración y reinserción especial. Cumplidas la tres quintas partes de la pena ingresará a periodo abierto y se les podrá conceder la libertad condicional, si se niega podrá acceder a la franquicia preparatoria”, agrega. 

En el articulado se plantea además la creación de “zonas de ubicación temporales” en donde pagarían parte de sus penas.

"Las medidas privativas de la libertad serán en los zonas de ubicación temporales. El incumplimiento de las obligaciones impuestas inherentes a la medida de aseguramiento provoca la sustitución de la medida privativa de la libertad en zonas de ubicación temporales a una privativa de la libertad intramural.", señala el borrador.

En cuanto a la ejecución de penas, el documento indica que se aplicará la ejecución especial de la pena a las bases de la estructura de crimen organizado de alto impacto y que hayan incurrido en delitos como: concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal.

Además, en la etapa judicial inicial, habrá audiencias de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento donde los miembros de las estructuras delincuenciales tendrán la oportunidad de aceptar los cargos de manera consensuada.

Respecto a los bienes, producto de las actividades delincuenciales, la iniciativa propone que los miembros de las estructuras ilegales se queden con el 10 % de los mismos.

“Los procesados entregaran un inventario de los bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación directa o indirecta con las actividades ilícitas por las que han sido imputados. Cumplido ello, el imputado podrá conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de dichos bienes siempre que su valor comercial no supere el diez por ciento (10 %) del total de los bienes objeto de colaboración o hacerse acreedor de hasta el diez por ciento (10 %) del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados”, detalla.

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