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19 de oct de 2020 11:44
Por violar normas de protección al consumidor, SIC impone la máxima sanción a Rappi
Red+ Noticias | Bogotá

El ente de vigilancia multó a la plataforma con la máxima sanción: $1.755 millones, y otra multa de $702.242 millones por incumplir una orden administrativa impartida por la entidad en 2019.

En su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó este lunes a la empresa Rappi S.A.S. con una multa de $1.755.606.000 millones -equivalente a 2.000 salarios mínimos- por violar las normas de protección al consumidor que regulan la calidad en la prestación del servicio, la información mínima y la publicidad engañosa, entre otras disposiciones. 

Según el ente de vigilancia, la decisión fue tomada luego de comprobar que Rappi no actuaba en el mercado colombiano como un portal de contacto -como lo afirmó en el trámite administrativo- sino como un proveedor habitual de bienes y servicios. Motivo por el cual, la plataforma: 

  • Recibe ingresos por las transacciones y las relaciones de consumo que actuaban a través de la plataforma. 
  • El pago efectuado por el consumidor es administrado por Rappi S.A.S. Esta reparte los valores obtenidos a los aliados comerciales, descontando -entre otros- el valor por uso y alquiler de la plataforma. 
  • Recibe ingresos por los servicios no aliados como: Rappi antojo, Rappi cash y Rappi prime. 
  • Tiene métodos de pago propios. 
  • Atiende de forma directa las quejas y reclamos de los usuarios, al recibirlas, tramitarlas y decidir a través de su departamento de atención al cliente. 
  • Tiene la facultad de modificar la información pública de precios de los bienes y servicios que están en su plataforma y realiza el trámite de revisión de pagos. 
  • Puede modificar de manera unilateral los precios de los productos. Así se estableció en los términos y condiciones en donde se previó el incremento del valor de los productos exhibidos hasta en un 10 % y además Obtiene una ganancia derivada del sobre costo del precio de los mismos. 
  • Es el sujeto pasivo de las demandas que se interponen ante la delegatura para asuntos jurisdiccionales y existen antecedentes en esa vía, que determinaron la responsabilidad de Rappi en calidad de proveedor. 
  • Se subroga en los derechos patrimoniales de los Rappitenderos coma convirtiéndose en acreedor de los consumidores y Se reserva la Facultad de revocar y cancelar directamente los encargos que solicitan los usuarios. 
  • Emite publicidad propia y de sus aliados, la cual envía a los usuarios, a entre otros canales, a través de mensajes de texto.
  • Utiliza la figura de Rappitendero para perfeccionar la relación de consumo, porque al ser proveedor tiene a su cargo no sólo el ofrecimiento y comercialización de los productos sino la entrega de los mismos, para lo cual pone a disposición de dichos mensajeros una plataforma denominada Rappitendero a través de la cual les indica las condiciones de tiempo, modo y lugar para que surta la entrega de los productos. 

Al tener en cuenta su calidad de proveedor habitual, la SIC encontró que la plataforma de servicios no indicó de manera suficiente, precisa y veraz las restricciones que tenían los usuarios para acceder a ofertas y promociones. 

Tampoco suministró de manera clara y suficiente, oportuna, precisa y veraz, la información relacionada con los precios expuestos visualmente en su plataforma de comercio electrónico, ni garantizó el derecho que tenía el consumidor de solo pagar el precio anunciado. 

Rappi también incumplió en la entrega de vueltas, que debió ser en la moneda legal en curso y no en Rappicréditos; incluyó cláusulas que implican la renuncia de derechos por parte del consumidor; no garantizó el derecho a revisión de pagos que asiste al consumidor y tampoco el derechos a recibir los productos con calidad. 

Por estas razones, la Superintendencia -además de declarar el incumplimiento e imponer la sanción- concedió a Rappi un nuevo plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación para que acredite el cumplimiento de lo antes expuesto. Además de pagar otra multa por $702.242 millones por incumplir una orden administrativa impartida por la entidad en 2019. 

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