490x320 Salvador Sánchez Cerén Foto Óscar Rivera - AFP
28 de jul de 2021 14:39
Ordenan la detención de Sánchez Cerén, expresidente de El Salvador
Red+ Noticias | AFP | San Salvador, El Salvador

Además del exmandatario, el togado pidió la captura de nueve exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Funes -entre 2009 y 2014- por los mismos delitos.

Un juez salvadoreño ordenó la detención preventiva del expresidente Salvador Sánchez Cerén por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El fallo contra el exmandatario (2014-2019) fue informado por la Fiscalía. 

Sánchez Cerén está ausente por lo que el juez "ha resuelto librar oficio a Interpol" para que sea localizado y puesto a disposición de la justicia, declaró la fiscal Marisela Velásquez.

Además del exmandatario, el togado pidió la captura de nueve exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) por los mismos delitos. Entre ellos, los exministros: Lina Pohl de Medio Ambiente, Manuel Melgar de Justicia y Seguridad, Gerson Martínez de Obras Públicas y José Guillermo López de Agricultura serán pedidos por Interpol. 

Los otros cinco: los exministros Carlos Cáceres de Hacienda, Violeta Menjívar de Salud; y los exviceministros Calixto Mejía de Trabajo, Erlinda Handal de Tecnología y Hugo Flores de Agricultura fueron detenidos el 22 de julio.

"El señor juez conoció tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes, y su resolución fue decretar detención provisional para las diez personas procesadas": Fiscalía. 

Los ilícitos habrían sido cometidos durante el primer Gobierno de la extinta guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN- que lideró Mauricio Funes, de quien Sánchez Cerén fue vicepresidente.

Según Velásquez, el juez determinó que "existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y activos".

La detención provisional es por seis meses mientras la Fiscalía aporta las pruebas incriminatorias y depura el proceso que inició el pasado jueves. Los acusados "contribuyeron al desfalco de USD 350 millones al Estado salvadoreño", declaró entonces el fiscal general Rodolfo Delgado.

"El dinero era entregado en casa presidencial (...) en forma mensual y constituía una adición al salario que por ley debían devengar por ejercer la función pública", explicó.

La investigación -que inició en 2019- es "una derivación" del caso denominado ‘Saqueo Público’ de 2009-2014, cuando la Asamblea Legislativa aprobó USD 80.8 millones para un período de cinco años en concepto de "gastos reservados" de la presidencia.

Lo defraudado al final del período ascendió a USD 351 millones por las transferencias de fondos que fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda, sin la debida autorización del Congreso.

El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, rechazó este miércoles la resolución del juez y lamentó que "se cerraron las posibilidades de desmontar la estructura de pruebas que desde el inicio se presentaron con una serie de irregularidades".

Contenidos web relacionados