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4 de nov de 2020 12:08
Motociclista acusado de homicidio deberá recibir indemnización de la Fiscalía
Red+ Noticias I Bogotá

La Fiscalía deberá ofrecer disculpas e indemnizar a un hombre, que fue privado de la libertad y vinculado injustamente a una investigación por el delito de homicidio, luego de ser detenido por una infracción de tránsito. 

Debido a que la Fiscalía privó de la libertad injustamente a un motociclista que fue conducido a un CAI de la Policía luego de haber cometido una falta de tránsito y terminó siendo vinculado a una investigación penal por un homicidio, el Consejo de Estado le ordenó a la entidad judicial ofrecer disculpas al afectado y pagarle a él y a su familia más de $8 millones por los días en los que permaneció detenido.   

El 6 de mayo siguiente, el organismo de investigación decidió no imponerle medida de aseguramiento y ordenó su libertad, ya que, consideró que hubo irregularidades en la apertura de la instrucción por homicidio.  

Debido a esto, “las autoridades archivaron la investigación y determinó que se probó que el indiciado no disparó ningún arma ese día; su detención habría sido producto de una acción policiva derivada de una falta de tránsito y no como consecuencia de la comisión de un delito”,explica el Consejo de Estado. 

Luego de obtener pronunciamiento favorable a su inocencia, el procesado y sus familiares interpusieron una demanda de reparación directa, con la intención de obtener un resarcimiento económico por el daño causado.  

  • En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle declaró responsable a organismo investigador por abrir una indagación penal basada en pruebas ilegales y, además, por desconocer los derechos de la defensa.  

Ante esta decisión judicial, la Fiscalía apeló y advirtió que la medida de aseguramiento se dio con base en pruebas de su responsabilidad en el homicidio, entre estas el testimonio de un policía que dijo haber detenido al demandante en flagrancia.  

  • Sin embargo, el Consejo de Estado no accedió a la solicitud y ratificó la responsabilidad del ente judicial por las irregularidades que rodearon la decisión de vincular al accionante a la indagación penal.  
“Si bien el fiscal que abrió el proceso se basó en el testimonio del policía que estuvo presente en la detención, no tuvo en cuenta que el mismo declarante dijo no haber visto al procesado cometiendo el delito. Esto implica que la decisión del ente investigador no cumplió requisitos legales en casos de flagrancia, pues no fue detenido, sorprendido, individualizado e identificado en el momento de cometer el punible, ni se dio ninguna otra de las circunstancias exigidas para estos casos”, asegura el Consejo. 

Adicionalmente, sostuvo que es necesario ordenar una medida de reparación integral que enmiende el derecho al buen nombre del actor, que se vio afectado por la privación injusta de la libertad. 

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