“Me pagaron $ 100.000 por matar”: un soldado ante la JEP sobre ‘falsos positivos’
En Valledupar, Cesar, la JEP lleva a cabo la primera fase de la audiencia de reconocimiento por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva a cabo en Valledupar la audiencia de reconocimiento, subcaso Costa Caribe del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas por militares como bajas en combate.
Este lunes, uno de los que habló fue el soldado profesional Yeris Andrés Gómez, quien estuvo en el grupo especial Zarpazo y reconoció su responsabilidad en los crímenes que le imputó la JEP y pasó a relatar detalles de las reuniones, órdenes y operaciones para dar de baja a civiles.
"Por esta persona el comandante del Batallón La Popa me pagó $ 100.000 y a todo el grupo especial les compró un arroz chino. No nos merecíamos eso porque violamos los derechos de las personas", agregó el soldado.
También explicó la relación que había entre 'Jorge 40', otros comandantes paramilitares y el Ejército.
Por ejemplo, el soldado cuenta que en una ocasión mataron a nueve personas y las hicieron pasar por guerrilleros del Eln.
En estos hechos, según Gómez, varios cuerpos fueron transportados en una camioneta de la gobernación del Cesar y sin presencia del CTI de la Fiscalía, que debía encargarse el levantamiento de los cuerpos. Y, además, superiores dieron la orden de pasar esas bajas como guerrilleros del ELN.
También relató cómo, en alianza con paramilitares bajo el mando de 'Jorge 40', asesinaron a 2 jóvenes wiwa.
"Los dos jóvenes wiwa no hacían parte de ningún grupo ilegal, solo eran civiles uniformados por los paramilitares y entregados por ellos para que los hiciéramos pasar como delincuentes. (...) Les quitamos la vida solo por dar un resultado operacional", dijo Gómez. pic.twitter.com/ALdEr91HyQ
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 18, 2022
Durante esta diligencia unos 12 miembros del Batallón La Popa reconocerían su responsabilidad ante la Justicia, las víctimas y el país por crímenes de guerra y lesa humanidad dentro del caso que investiga 'falsos positivos' en la región Caribe.