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3 de nov de 2020 13:26
Más de 90 líderes sociales fueron asesinados en el primer semestre de 2020, según ONG
Red+ Noticias | Anadolu | Bogotá

El 48 % de los asesinatos ocurrieron durante el confinamiento que ordenó el Gobierno para frenar la propagación del nuevo coronavirus, reveló un informe de la organización Programa Somos Defensores.

Gloria Isabel Ocampo, madre de dos niños y una reconocida lideresa campesina, fue asesinada el pasado 7 de enero por un grupo de hombres armados, que le dispararon en repetidas ocasiones en su residencia en la vereda La Estrella, en el norte del departamento del Putumayo, en Colombia. Ocampo, de 37 años, había recibido varias amenazas contra su vida por liderar el programa de erradicación manual voluntaria de cultivos ilícitos en su población.

Solo dos días después, hombres fuertemente armados ingresaron a la comunidad de Agua Blanca, en el municipio de Nuquí del departamento del Chocó, y asesinaron al guardia indígena del pueblo Emberá Dobidá, Anuar Rojas Isarama.

  • Ante el homicidio de Rojas Isarama, líder de 30 años, unas 80 personas de su comunidad indígena se desplazaron de manera forzada hacia el corregimiento de Tribugá y a la cabecera municipal de Nuquí.

Los homicidios de Ocampo y Rojas Isarama son solo dos de los 95 casos de líderes sociales que fueron asesinados en el primer semestre de 2020, según un reciente informe de la organización Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.

La ONG destacó que los asesinatos aumentaron entre enero y junio de 2020 en un 61 %, en comparación con el mismo período del año pasado. De este total, el 48 % sucedió durante el confinamiento nacional, ordenado por el Gobierno de Iván Duque para frenar la propagación de la enfermedad COVID-19. 

“Entre el 22 de marzo y el 30 de junio, tiempo en que el país se encontraba en cuarentena con medidas de confinamiento, se produjeron 46 asesinatos, que corresponden al 48% del total del período de análisis”, destacó el documento de la ONG.

Desde 2017 el riesgo de las personas que defienden los derechos colectivos ha ido en aumento, pero este año grupos armados y organizaciones criminales han aprovechado el contexto generado por la pandemia del coronavirus para reforzar su presencia, según explica la organización.

En el informe titulado El virus de la violencia, el Programa Somos Defensores destacó que en lo que va de este año, de los 95 casos, 10 ocurrieron contra mujeres y 85 contra hombres. En comparación con los registros de 2019, el asesinato de hombres defensores tuvo un incremento del 73 % mientras que el de las mujeres se mantuvo en el mismo nivel.

La ONG, sin embargo, resaltó que de los asesinatos contra mujeres defensoras el 30 % fueron catalogados como feminicidios, como lo fue el caso de Marlly Fernanda Quina Campo, una lideresa indígena del cabildo Paniquitá, ubicado en el municipio de Totoró, en el departamento del Cauca.

  • Quina, una madre comunitaria de 29 años, fue asesinada el 27 de marzo por su compañero sentimental que la asfixió y la atacó con arma blanca cuando la mujer se dirigía hacia su casa en la vereda La Rivera.
“En 89 casos se utilizó arma de fuego, en cuatro se usó arma blanca, un asesinato ocurrió con un objeto contundente y uno a través del mecanismo de asfixia. En este período llama la atención que en nueve casos se produjo la desaparición como hecho que antecede al asesinato y que determina el posterior hallazgo por parte de familiares”, señaló el informe.

El alarmante aumento en el número de líderes sociales asesinados fue cuestionado a finales de junio por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en el marco del establecimiento de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz.

En el informe se destacó la importancia de adoptar medidas inmediatas para detener el asesinato de excombatientes de la guerrilla desmovilizada de las Farc, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos.

"Ante los continuos asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes, exhorto una vez más al Gobierno y las instituciones del Estado a que utilicen plenamente los mecanismos de garantías de seguridad previstos en el Acuerdo Final para producir resultados concretos y poner fin a esas tragedias. Es necesario que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño”.

El documento de la ONU destacó que el Cauca sigue registrando los niveles más altos de violencia contra líderes sociales, “a pesar del aumento del despliegue de la Fuerza Pública, que casi se ha duplicado desde el comienzo del año”.

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