Las medidas expedidas por el Gobierno para garantizar el derecho a la protesta
Red+ Noticias | Bogotá
20 de oct de 2020 12:55

Con el propósito de establecer las medidas más urgentes para garantizar el derecho de la ciudadanía a la protesta social pacífica, el Gobierno Nacional expidió este martes el protocolo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Gobierno Nacional expidió este martes un protocolo con las medidas más urgentes para garantizar el derecho a la protesta social pacífica. 

El documento, dividido en: responsabilidades de los gobernadores; responsabilidades de los alcaldes; actuar de la Policía Nacional; y participantes de las manifestaciones; tiene como propósito establecer las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en las protestas adelantadas en el territorio nacional. 

Del actuar de la Policía Nacional

De conformidad con la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional deberá:

  • Suministrar información con enfoque preventivo a los alcaldes y gobernadores como primeras autoridades de policía, con el fin de facilitar la posible identificación de los actores infiltrados que generen actos de violencia en las protestas sociales y evitar la obstaculización del derecho fundamental a la manifestación pública de la ciudadanía.
  • Adelantar las acciones necesarias para la recolección de información tendiente a la identificación de amenazas, infiltraciones, riesgos y alteraciones del orden público que puedan afectar el ejercicio democrático de la manifestación pública, aunado a los demás derechos de quienes participan en ella, como criterio para la toma de decisiones de las autoridades competentes. 
  • Los miembros de la Policía Nacional, continuarán con las capacitaciones en Derechos Humanos.
  • Cuando en el marco de la manifestación pública, se desprendan hechos violentos que alteren el orden público y la convivencia, poniendo en riesgo la vida e integridad, así como la propiedad privada y la libertad económica, la actuación de la Policía Nacional se realizará con la observancia plena de los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad en el marco del mandato constitucional, legal y reglamentario. 
  • En caso de presentarse hechos violentos, de acuerdo con lo previsto en la ley como en los distintos fallos judiciales, la Policía Nacional intervendrá en los términos del respectivo protocolo guardando la proporcionalidad del uso de la fuerza y ante la absoluta necesidad por la gravedad de la situación como por la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo, las condiciones del entorno, y los medios de los que dispone para abordar la situación específica.

De los participantes en la manifestación

De conformidad con las órdenes impartidas en la adición de la sentencia de tutela, este protocolo reitera lo señalado por el artículo 95 de la Constitución Política en lo relacionado con los deberes ciudadanos, así:

  • Conminar a los participantes para que en el ejercicio del derecho legítimo a manifestarse públicamente lo hagan de manera pacífica y velen porque cada uno de ellos respeten no solo sus derechos a la vida y a su integridad física, sino para que salvaguarden esos mismos derechos y los bienes de terceros ajenos a la protesta y cumplan con el deber de denunciar aquellas conductas al margen de la ley por quienes en desarrollo de las mismas realicen actos violentos que atentan contra el orden público. 
  • Salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad física de los manifestantes y de los terceros que con ocasión del desarrollo de las mismas puedan llegar a verse afectados como consecuencia de las agresiones físicas que llegaren a recibir por parte de los mismos manifestantes o por personas infiltradas.
  • Los organizadores de la manifestación pública, deberán propender por un desarrollo armónico entre el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes, teniendo como marco general la corresponsabilidad y la solidaridad social.
  • Los organizadores de la manifestación pública realizarán pedagogía, acerca de las obligaciones que tienen los manifestantes en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 
  • Los organizadores de la manifestación pública, designarán líderes o comisiones que acompañen la manifestación, para propender por una interacción continua y permanente con las autoridades administrativas y de policía, así como el Ministerio Público, para el mejor ejercicio de los derechos y deberes. 
  • Los organizadores de la manifestación pública, darán aviso de los recorridos o sitios donde se llevará a cabo la manifestación ante la autoridad administrativa, en concordancia con la Sentencia de la Corte Constitucional C-009 del 7 de marzo de 2018, donde se indique el motivo, la fecha, hora de inicio y hora final estimada, medios a utilizar para expresar su manifestación, número aproximado de participantes, líderes de la misma, con el fin de disponer las acciones tendientes a la protección de la vida y el ejercicio de los derechos de quienes participan en ella.
  • Los organizadores de la manifestación pública, deberán cumplir los compromisos con la autoridad administrativa sobre los diferentes aspectos que se consideren para el ejercicio a la manifestación pública, sin afectar el ejercicio de los derechos de quienes no participan. 
  • Respetar a las autoridades legítimas del Estado, evitando afectaciones a sus elementos o uniformes con los cuales cumplen la función de protección y garantía del ejercicio del derecho de manifestación. 
  • Mantener mecanismos de información que permitan que los convocantes puedan tener interlocución permanente con las personas que integran las manifestaciones. 
  • Identificar debidamente a los integrantes de las comisiones de verificación civil, para la respectiva coordinación con las autoridades. 
  • No portar armas contundentes, químicas o incendiarias que puedan afectar su integridad, a los demás manifestantes, las autoridades y personas que no participan en la manifestación.
  • Facilitar el procedimiento de identificación en caso de que sea requerido por la autoridad, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016. 
  • Deberán adoptar las medidas de bioseguridad necesarias para brindar la protección a las personas que intervengan en las manifestaciones, procurando conservar lo dispuesto por las autoridades sanitarias.
  • Las convocatorias a las manifestaciones públicas no podrán versar sobre fines ilegítimos. 
  • Evitar el empleo de cualquier mecanismo para dañar, destruir u obstruir los bienes de carácter público y privado, así como la afectación al medio ambiente, en ejercicio de la manifestación pública. 
  • No se podrá obstruir los servicios médicos y de emergencia

Responsabilidades de los gobernadores

Como responsables del mantenimiento del orden público en sus jurisdicciones deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones en torno a las manifestaciones públicas

  • Previo a la realización de la manifestación, el departamento activará un Puesto de Mando Unificado -PMU- que deberá coordinar las acciones respectivas con los Puestos de Mando Unificado Municipales, en el que, en lo posible, estén de manera permanente representantes de las siguientes entidades: (i) Gobernación, (ii) Policía Nacional, (iii) Fiscalía General de la Nación, (iv) Procuraduría General de la Nación, (v) Bomberos y, (vi) Defensoría del Pueblo. 
  • En caso de contar con los recursos tecnológicos, destinar el personal humano de la línea de emergencias para la atención prioritaria a la manifestación.
  • Capacitar a los ciudadanos y verificar la funcionalidad de los sistemas de emergencia a los que se puedan comunicar los ciudadanos para reportar cualquier situación que se presente en la manifestación. 
  • Solicitar a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personería Distrital o Municipal el acompañamiento a la manifestación en garantía de los Derechos Humanos y protocolos de seguridad. 
  • Monitorear manifestaciones que recorren varios distritos y municipios para el acompañamiento y activación del plan de manejo vial, de conformidad con la Ley 769 de 2002. Monitorear las medidas de orden público adoptadas por las autoridades municipales de su jurisdicción disponiendo las medidas que constitucional y legalmente sean procedentes. 
  • Activar los planes de desarme de armas blancas con el ánimo de salvaguardar la vida e integridad de los manifestantes. 
  • Implementar las demás medidas que en el departamento el gobernador considere necesarias y pertinentes. 

Responsabilidades de los alcaldes

Las autoridades distritales y municipales como responsables del mantenimiento del orden público en sus jurisdicciones como lo dispone el artículo 315 de la Constitución Política, deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones en torno a las manifestaciones públicas que se programen dentro del territorio respectivo, así:

  • Convocarán mesas de trabajo previas a las manifestaciones con sus líderes, con el objetivo de verificar cuál será el curso de la misma y sus pormenores, para articular las acciones requeridas y generar los apoyos de las entidades para garantizar la seguridad y el orden público. 
  • Las autoridades municipales solicitarán al respectivo gobernador su participación, así como del Gobierno Nacional en caso de que se considere que el riesgo o las circunstancias lo requieran. Igualmente podrán solicitar los distritos en los casos que corresponda. 
  • Previo a la realización de la manifestación, el distrito y municipio activará un Puesto de Mando Unificado -PMU-, en el que, en lo posible, estén de manera permanente representantes de las siguientes entidades: (i) Alcaldía (ii) Policía Nacional, (iii) Fiscalía General de la Nación, (iv) Procuraduría General de la Nación, (v) Defensoría del Pueblo, (vi) Personería (vii) Bomberos. 
  • El alcalde deberá conformar previamente a la manifestación pública un Grupo Élite que será el encargado de coordinar con los líderes de los manifestantes el cómo y por dónde se llevará a cabo la misma. Al Grupo Élite se podrán invitar a los actores que se consideren participes de forma directa o indirecta para buscar la solución de las diferentes situaciones que se puedan presentar. 
  • En caso que el trayecto de las manifestaciones recorra dos o más jurisdicciones distritales y municipales, se realizará un Puesto de Mando Unificado - PMU municipal o regional de acuerdo con la complejidad o tamaño de la manifestación.
  • De ser necesario, los Distritos y Municipios conformarán equipos de convivencia o de personal que faciliten el desarrollo pacífico de la manifestación. En caso de conformarse tales grupos, el Departamento correspondiente apoyará la inducción y capacitación en manejo de la protesta, Derechos Humanos - DDHH y resolución de conflictos en el marco de los Derechos Humanos. 
  • Implementación de controles al consumo de bebidas embriagantes en vía pública y porte de armas previa coordinación con las autoridades correspondientes. 
  • Considerar las condiciones climáticas y los sistemas de alertas para establecer protocolos de seguridad o restricciones para el acceso de los manifestantes a quebradas, ríos, lagunas, embalses o similares. 
  • Concertar rutas y puntos de cierre para actividades, movilizaciones, presentaciones artísticas y eventos al interior de cada distrito y municipio. 
  • Solicitar a los Puestos de Mando Unificado -PMU- y Grupos Elite que se activan en el marco de este protocolo, los informes de las evaluaciones llevadas a cabo con motivo de anteriores manifestaciones, a fin de analizar las buenas prácticas observadas e implementar acciones de mejora y las tendientes a mitigar los riesgos. 
  • Recibir el aviso previo de la manifestación, donde se indique el motivo, fecha, el recorrido de la misma, el número aproximado de participantes, hora de inicio y posible hora de finalización. 
  • En cumplimiento a lo dispuesto en la orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conceder el permiso para la respectiva manifestación (…) como un requisito de carácter informativo y no como una autorización. 
  • Emitir las órdenes administrativas u operativas que permitan en lo posible, anticipar y prevenir la generación de hechos de violencia. 
  • Disponer la adopción de medidas de policía, frente a la evolución de los hechos de disturbios y afectación a la convivencia y seguridad ciudadana, para conservar el orden público y garantizar los derechos de las personas que no participan de estos actos. 
  • Implementar los centros de traslado por protección o en su defecto disponer inmuebles de paso a los que puedan ser conducidas las personas que en el marco de la manifestación se encuentren en alto estado de indefensión o exaltación que pongan en riesgo la vida de los demás o la suya propia. 

El protocolo fue expedido un día antes de las movilizaciones pactadas para el 21 de octubre. En Bogotá la minga indígena del suroccidente liderará la manifestación con el propósito de lograr una reunión con el presidente de la República, Iván Duque Márquez. 

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