Foto
29 de sep de 2020 15:30
'Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia avanza de manera desarticulada': Procuraduría
Red+ Noticias | Bogotá

El ente de control explicó que el mayor retraso en la implementación está en la participación política consignada en el segundo punto del acuerdo. 

La Procuraduría General de la Nación llamó la atención al Gobierno Nacional sobre la forma desarticulada con la que avanza en la implementación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, que complica la superación de obstáculos y retrasa el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la paz. 

En el segundo informe sobre el avance de la implementación del acuerdo de paz presentado ante el Congreso de la República, el ente de control reconoció importantes avances en la implementación. No obstante, identificó una limitada participación ciudadana, enfoques diferenciales poco desarrollados y problemas de planeación, programación y destinación de recursos financieros.

Asimismo, señaló que a marzo de 2020 solo se ha cumplido con el 60% de los compromisos previstos en el Plan Marco de Implementación -PMI-, que tenía como plazo de ejecución que venció el año pasado; y explicó que aún no han sido diseñadas todas las herramientas necesarias para hacer un seguimiento integral del proceso. 

“El Sistema Integrado de Información para el Posconflicto –SIIPO- no reporta los recursos invertidos ni las acciones desarrolladas en los territorios, y el 26 % de las obligaciones adquiridas no tiene metas establecidas que permitan verificar su ejecución, como ocurre, por ejemplo, con la seguridad de los líderes, lideresas y defensores”. Procuraduría General de la Nación 

En conclusión, para la Procuraduría es necesario que el Estado garantice la seguridad en los territorios para que la oferta social llegue a los municipios más afectados por el conflicto, lo que permitirá reducir las brechas socioeconómicas y lograr la transición de las economías ilícitas a lícitas.

Reforma Rural Integral

Sobre la ejecución de la Reforma Rural Integral y el cumplimiento de las metas establecidas en materia de acceso a la tierra, la PGN encontró que solo han sido adjudicadas 8.230 hectáreas, cifra preocupante teniendo en cuenta que el objetivo es entregar tres millones de hectáreas antes de terminar el 2027. 

“De 1’001.194 hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras para cumplir con ese propósito, la mayoría presentan ocupaciones previas, lo que dificulta aún más el cumplimiento de la meta establecida”. Procuraduría General de la Nación 

Entre tanto, el 55% de la formalización de predios avanzados corresponde a procesos decididos antes de la firma del Acuerdo de Paz. Motivo por el cual, el órgano de control pidió agilizar la formulación de los 10 Planes Nacionales Sectoriales –PNS- de la Reforma Rural Integral, que debieron ser adoptados en 2018, y a la fecha solo uno, el correspondiente a vivienda, está en proceso de actualización. 

Frente a este panorama el Ministerio Público pidió aceleración en la formulación y ejecución en las demás subregiones, teniendo en cuenta la participación ciudadana en la priorización de iniciativas, y su integración con los proyectos desarrollados en los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo –PISDA-, así como los programas de retorno y reparación colectiva.

Participación política

La Procuraduría precisó que uno de los mayores rezagos en la implementación del acuerdo tiene que ver con el desarrollo del punto II, relacionado con la participación política, debido al estancamiento del debate legislativo de proyectos de ley relacionados con las garantías y la promoción de la inclusión de organizaciones y movimientos sociales, así como la movilización y la protesta social, la reforma política y la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Reincorporación y garantías de seguridad

Aunque el Ministerio Público pudo ver avances en el proceso de reincorporación, hizo un llamado a culminar la acreditación de los excombatientes, fortalecer el acceso a tierras con fines productivos y aumentar la cobertura de los proyectos aprobados, que en la actualidad solo cobija al 35 % de los ex integrantes de las Farc.

Advirtió también la necesidad de fortalecer las estrategias de atención diferencial de grupos poblacionales, agilizar los tiempos de consolidación de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, constituir el Sistema Nacional de Reincorporación y definir las hojas de ruta individuales.

E instó a implementar acciones específicas que permitan reducir los riesgos de seguridad para las personas en proceso de reincorporación, y el fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, que a marzo de 2020 tenía más de 400 solicitudes pendientes de trámite.

Programa Nacional de Sustitución de Cultivos

Frente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS- la Procuraduría señaló que ha limitado sus funciones a atender a las 99.097 familias vinculadas inicialmente en 56 municipios, y no a las más de 188.000 que firmaron acuerdos colectivos, lo que indica que cerca del 52 % de quienes manifestaron su voluntad de avanzar en este propósito no ingresaron al programa.

“El PNIS continúa con una operación centrada casi exclusivamente en los pagos de asistencia alimentaria y una focalización limitada a las veredas de los municipios inicialmente intervenidos. El 96 % de las comunidades están cumpliendo sus compromisos de erradicación (…) reiteramos la recomendación de que a la discusión sobre la reanudación de la aspersión aérea con glifosato la preceda una redefinición del programa de sustitución, que cuente con la participación de las comunidades y esté articulado con la Reforma Rural Integral”. Procuraduría General de la Nación

Sobre Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR-, el órgano de control evidenció dificultades en su articulación, particularmente en temas como el seguimiento y cumplimiento del régimen de condicionalidad, y la inexistencia de criterios y rutas unificadas para la atención y participación de las víctimas.

No obstante, identificó avances en el cumplimiento del mandato y funciones de las tres entidades que conforman el sistema, como la recolección de testimonios y la creación de espacios de escucha, reconocimiento y diálogo por parte del Comisión de la Verdad; la formulación del Plan Nacional de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los 11 planes regionales; así como la apertura de 7 macro casos en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Presupuesto y Financiación

En cuanto al presupuesto y financiación, la Procuraduría halló deficiencias en materia de planeación, distribución, ejecución y seguimiento de los recursos, así como una excesiva concentración en unos pocos proyectos de inversión. Solo el 5% de los proyectos concentró el 60% de los recursos del presupuesto general destinado a la implementación del acuerdo.

“Con respecto a la planeación de recursos para la paz, hizo un llamado para actualizar los cálculos que soportan las proyecciones realizadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017/2018, que sirven de referencia para la formulación de los Planes Plurianuales de Inversión para la Paz”. Procuraduría General de la Nación

El Ministerio Público ratificó que es necesario mejorar los tiempos de ejecución de los proyectos, para lo cual se requiere identificar las causas que están generando retrasos innecesarios en el uso de los recursos. "Menos del 1 % de los proyectos aprobados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz –OCAD Paz – están terminados, el 23 % están contratados, pero sin acta de inicio, y otro 24 % están sin contratar o en proceso de contratación", puntualizó. 

Contenidos web relacionados