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10 de dic de 2020 17:29
El común denominador en asesinatos de defensores de DD. HH. durante los años 80 y 90
Red+ Noticias | Bogotá

En un informe entregado a la Comisión de la Verdad, instituciones revelaron los patrones utilizados por grupos criminales para acabar con la vida de defensores de derechos humanos en las últimas décadas del siglo XX. 

Con el propósito de garantizar la no repetición de hechos violentos en Colombia fue entregado ante la Comisión de la Verdad el informe titulado: El ‘enemigo interno’: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de DD. HH., el cual documenta homicidios y desapariciones que tuvieron como protagonista la vulneración de derechos. 
 
Se trata de los homicidios de: 

  • El profesor Luis Felipe Vélez Herrera - 1987 
  • Los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular y el Programa por la Paz: Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón y de su padre, el señor Carlos Alvarado Pantoja - 1997
  • El abogado antioqueño Jesús María Valle Jaramillo - 1998
  • El humorista político Jaime Hernando Garzón Forero - 1999   

Y de las desapariciones de: 

  • El abogado Alirio de Jesús Pedraza Becerra - 1990
  • Los integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa - 2000  

El informe -presentado por asociaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Investigación y Educación Popular, y el Programa por la Paz, entre otros-, además de relatar lo sucedido con los defensores previamente mencionados, revela cuatro hallazgos sobre “la dinámica macrocriminal” que rodeó el asesinato de líderes en los años 80 y 90: 

  1. Los documentados constituyen crímenes de lesa humanidad en los cuales el Estado colombiano tuvo un papel activo.

  2. La ocupación de las víctimas como móvil del asesinato o desaparición. La mayoría de las víctimas cumplía un papel importante en la defensa de DD. HH. al denunciar públicamente la injusticia social, la violencia generalizada y las arbitrariedades cometidas por agentes del Estado.

  3. El propósito de las asociaciones criminales con la comisión de los homicidios era “desarticular o afectar los procesos sociales, movimientos, organizaciones o redes en los que participaban las víctimas de estos crímenes”. 

  4. El modus operandi del terrorismo estatal consistía en: perfilar, perseguir, hostigar hasta el punto de amenazar y atentar contra las víctimas, de las que obtenían información precisa a través de aparatos de inteligencia estatal. 


Hallazgos que buscan aportar insumos para promover políticas públicas y decisiones judiciales que garanticen la no repetición de hechos violentos en Colombia, contribuyan a la verdad y sean testimonio de las causas y efectos del conflicto armado, político y social que sufrió el país durante el recrudecimiento del conflicto armado. 
 
Es importante destacar que la mayoría de estos casos fueron atravesadas por “mecanismos de impunidad precedidos por una larga inactividad de la Fiscalía, reiteradas reasignaciones de despacho instructor, reticencia a vincular a agentes estatales o a formular líneas de investigación que apuntan a identificar a máximos responsables”. 

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