Denuncian ante la CPI crimenes de lesa humanidad durante manifestaciones en Colombia

“Pedimos a la Corte Penal Internacional que sea investigado este oficial, quien se ha visto implicado en una cadena de violaciones de DD.HH. El general Vargas debe ser investigado y no premiado ante una situación tan grave”, señaló Iván Cepeda.
Ante la Corte Penal Internacional -CPI- y el Consejo de Seguridad de la ONU el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda denunció los crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública en medio de las manifestaciones por el paro nacional, que avanza desde el pasado 28 de abril en Colombia.
Según el informe, durante las protestas la población civil ha sido víctima de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas, que corresponden a 1.595 hechos relacionados con la violación de DD. HH.:
- 24 asesinatos.
- 50 víctimas de tentativa de homicidio.
- 16 víctimas de violencia sexual.
- 11 víctimas de desaparición forzada.
- 129 víctimas de tortura.
- 1.365 víctimas de detención irregular.
Motivo por el cual, la denuncia pide a la CPI que active sus competencias para investigar estos crímenes dado que “el Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos” por la concentración de poder que ostenta el presidente.
Y llama al secretario general de la ONU, António Guterres, a remitir el informe a la CPI, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puede pedir al fiscal que investigue una situación, cuando corresponda, a uno o varios de los crímenes señalados en el Estatuto de Roma, entre ellos, crímenes de lesa humanidad.
- En medio del paro nacional en Colombia han sido asesinados 41 civiles y un uniformado de la fuerza pública. Varias de ellas por el uso indiscriminado de las armas por parte de las autoridades.
Cepeda y los demás denunciantes acusaron al presidente Iván Duque; al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro; y al director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas como máximos responsables.