Defensoría reclama eficacia ante el desplazamiento de 11.150 personas

En el 2021 la entidad ha desplegado ayuda humanitaria en sitios como El Salado, el sur del Cauca, el bajo cauca antioqueño, el Urabá antioqueño y chocoano, Buenaventura, Chocó, el Catatumbo y en el Alto Baudó.
En lo que va corrido del año se han presentado en el país cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana en el territorio nacional, lo que ha llevado a una situación de revictimización de la población campesina y étnica, que ha quedado expuesta a confrontaciones, amenazas y riesgo de reclutamiento forzado por parte de los diferentes grupos ilegales. Todo ello impide el restablecimiento de derechos y garantías de no repetición.
- Estos hechos de violencia protagonizados por diferentes grupos armados ilegales son consecuencia de las disputas territoriales que suceden en las comunidades rurales indígenas, en comunidades negras y campesinas, así como en zonas urbanas, como en el Distrito de Buenaventura, y otras donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad y donde la Defensoría ha detectado dificultades en materia de garantías de seguridad para excombatientes y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, entre otros.
Son hechos que aterrorizan a la población con homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control poblacional. Hechos enmarcados de manera particular en las disputas de, entre otros actores, facciones disidentes de las ex Farc-EP (frentes 36 y 18), el Eln, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (‘Caparros’) y grupos de crimen organizado contra las AGC en el noroccidente del país (occidente y suroeste antioqueños, Bajo Cauca, Sur de Córdoba), enfrentados por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como la captación ilícita de rentas provenientes de la minería ilegal y trata de personas, entre otras.
Los escenarios de estas situaciones se multiplican en el territorio del país, participando diferentes grupos del crimen organizado bajo múltiples denominaciones que cambian según los territorios, que entre el 1 de enero y la fecha han generado desplazamientos forzados, homicidios, masacres, confinamientos, asesinatos de líderes sociales, amenazas contra líderes indígenas, asesinatos de excombatientes, entre otros delitos, particularmente en el suroccidente del país, Catatumbo y la frontera colombo venezolana.
- Camargo resalta que así ha ocurrido en el 2021 en El Salado, el sur del Cauca, el bajo cauca antioqueño, el Urabá antioqueño y chocoano, Buenaventura, Chocó, el Catatumbo y en el Alto Baudó, por ejemplo. De esa labor se trabaja por la ayuda humanitaria a las víctimas y, además, se conforman las alertas tempranas que tienen incidencia de carácter nacional.
El Defensor del Pueblo reitera a las autoridades la urgente necesidad de adoptar medidas de disuasión y control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos masivos e individuales, así como confinamientos con grave afectación a comunidades campesinas y étnicas.
Así mismo brindar medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones eficaces de prevención y protección que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población, particularmente aquella en situación de desplazamiento y confinamiento. Y solicita atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas, por medio de un retorno a sus lugares de origen con suficientes garantías de seguridad.