'Proceso contra Álvaro Uribe debe ser remitido a la Fiscalía’: Procuraduría
Red+ Noticias | Bogotá
25 de ago de 2020 12:11

En medio de las dudas que rodean el proceso judicial adelantado por la Corte Suprema en contra del Álvaro Uribe desde que renunció a su curul en el Senado, la Procuraduría declaró que el proceso debe ser remitido a la Fiscalía. 

La Procuraduría General de la Nación solicitó este martes a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal a la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Francisco Barbosa. 

Según el Ministerio Público, el alto tribunal perdió la competencia del caso cuando Uribe Vélez renunció a su curul en el Senado, pues en ese momento perdió el fuero político que le otorga la Constitución. Esto significa que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista. 

“Con la renuncia desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista”. Procuraduría General de la Nación 

En su análisis, la Procuraduría estableció que el alto tribunal no estableció que las actuaciones del entonces senador estuvieran dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político; y tampoco demostró que hubiera utilizado a servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.   

"No hay prueba de que el doctor Uribe Vélez hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos (...) y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales (...) sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República". Procuraduría General de la Nación 

A juicio del Ministerio Público, la simple coincidencia temporal de la presunta comisión de los hechos y la condición de ostentar el cargo de senador de la República, no puede considerarse como suficiente para extender el fuero y por ende la competencia de la Sala Especial de Instrucción, luego de la renuncia al cargo.

Finalmente, precisó la Procuraduría que esta intervención responde a sus funciones constitucionales como ente de control, en defensa de los intereses jurídicos y en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico, y no puede ser interpretada como el desconocimiento a la dignidad de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones.

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