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10 de sep de 2020 14:10
Corte Suprema de Justicia reitera orden de revisión al expediente por la muerte de Dilan Cruz
Red+ Noticias | Bogotá

Para ‘dirimir un conflicto entre la justicia penal y la ordinaria’, la Corte Suprema de Justicia reiteró la orden de revisar el expediente completo por la muerte de Dilan Cruz, el joven que falleció en medio de las manifestaciones por el paro nacional adelantado en noviembre de 2019. 

Alcanzado por una recalzada, así fue el principio del fin para Dilan Cruz, un joven de 18 años de edad que en medio de las manifestaciones por el paro nacional que tenían lugar ese sábado, 23 de noviembre, recibió el impacto del arma ‘no letal’ -que portaba el uniformado del Esmad Manuel Cubillos Rodríguez- en la cabeza, y dos días después falleció. 

La muerte, que provocó la indignación de la ciudadanía, terminó en manos de la justicia penal militar, la jurisdicción encargada de investigar la acción y, en caso de encontrar responsabilidad, acusar a Cubillos, el encargado de accionar el arma. 

Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por la familia de Dilan, que -en rechazo a la misma y en un ‘intento por encontrar justicia’- presentó una acción de tutela para proteger el derecho fundamental al debido proceso, a un juez natural, a la verdad, a la administración de la justicia y a un recurso efectivo, la cual fue resuelta este jueves por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

Según la sentencia proferida por el alto tribunal, en enero de 2020, cuando el Consejo Superior de la Judicatura definió la jurisdicción a la que iría el proceso por la muerte del joven, no tuvo en cuenta las declaraciones de los manifestantes que fueron recogidas por la Fiscalía, pues -al parecer- el Ministerio Público no habría mencionado su existencia. 

Esto significa que la decisión fue tomada teniendo en cuenta los testimonios de los miembros del Esmad citados por el ente acusador para entregar su versión de lo sucedido. Aunque, si fue estudiada el arma que portaba Cubillos, el fuero militar del investigado y la conducta en cumplimiento de las funciones del investigado. 

“La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura defendió la decisión adoptada, relacionó los elementos probatorios que valoró e indicó que, oportunamente ofició a la Fiscalía a fin de que alegara la totalidad del material recaudado, sin embargo, señaló que el ente acusador al responder no hizo mención «(…) de la existencia de las entrevistas realizadas por miembros del CTI a ciudadanos que participaron en la protesta, mismas que ahora echa de menos la accionante y que sostiene, dan una versión distinta a la narrada por los agentes de policía»; de modo que, sostuvo, la determinación se profirió con los elementos obrantes en el plenario”. Corte Suprema de Justicia

El documento además explicó que el deber del Consejo Superior de la Judicatura era dirimir el conflicto de jurisdicciones entre la justicia penal militar y la ordinaria, a partir del material probatorio del proceso. Sin embargo, reconoció que es necesario revisar nuevamente la decisión. 

“En pronunciamiento en sede de tutela, aquélla Corte al estudiar una decisión similar redundó en que, para fijar la competencia en la justicia penal militar es relevante llegar a la «certeza» que «(…) la conducta fue cometida por miembros de la fuerza pública en servicio activo y que la conducta investigada tenga relación directa con el mismo servicio, pues si existen dudas sobre la procedencia de aplicar la excepción a la competencia atribuida por la Constitución Política a la Fiscalía General de la Nación en el artículo 250, la actuación penal debe ser adelantada por la jurisdicción común, por ser la regla general»”. Corte Suprema de Justicia

Por esta razón, el alto tribunal remitirá el proceso nuevamente al Consejo Superior de la Judicatura con el propósito de que vuelva a emitir un concepto sobre el conflicto de jurisdicciones, teniendo en cuenta todo el material probatorio del proceso. 

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