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28 de ene de 2021 08:27
Colombia, estancada en percepción de corrupción: ha tenido casi el mismo puntaje en ocho años
Red+ Noticias | Bogotá

La calificación es efectuada a partir del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros sobre qué tanto afecta la corrupción al sector público del país.

Un preocupante resultado entregó Transparencia Internacional de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020. La ONG indicó que Colombia no ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción.

El país obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, en una escala en la cual cero significa corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción. Así las cosas, Colombia está ubicada en el puesto 92 entre 180 países.

En la región, Colombia obtuvo el mismo puntaje de Ecuador (39/100) y está por debajo de Uruguay (71/100), Chile (67/100) y Argentina (42/100), y por encima de Brasil (38/100) y Perú (38/100). Entre los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México.

“Colombia consigue dos puntos más que el año pasado, sin embargo, estadísticamente esta variación no es considerada como un avance significativo. Por lo tanto, persiste el estancamiento en la calificación, pues desde el 2012 el país ha estado entre los 36 y los 39 puntos. Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público de un país”: Transparencia Internacional.

Según la organización, la atención a la pandemia dejó en evidencia, una vez más, los riesgos de corrupción que enfrenta Colombia en materia de contratación pública, lo que contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo.

Transparencia Internacional recomienda fortalecer los órganos de control con suficientes recursos e independencia; asegurar una contratación pública abierta y transparente, libre de conflictos de interés y bajo precios justos; defender la democracia y facilitar el control ciudadano; y garantizar el acceso a información pública.

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