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18 de ago de 2020 13:49
Cerca de 1.251 indígenas han fallecido por COVID-19 en la Amazonía: CIDH
Red+ Internacional | Anadolu | Bogotá, Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les pidió a los Estados de las regiones de la Amazonía y del Gran Chaco, en Suramérica, que adopten medidas para atender la situación de los pueblos indígenas por la pandemia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- advirtió en un comunicado de prensa que al menos 1.251 indígenas han fallecido a causa de la enfermedad del COVID-19 en la región de la Amazonía en Suramérica.

El organismo difundió la cifra de indígenas fallecidos en un pronunciamiento en el que también expresó su preocupación por los pueblos originarios que integran la región del Gran Chaco en Bolivia, Paraguay, y Argentina.

“En ese sentido, llama a los Estados de las dos regiones a adoptar e implementar políticas públicas reforzadas para el reconocimiento, fortalecimiento, protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, asegurando el ejercicio de sus derechos participativos”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La organización advirtió que, para el caso de la Amazonía, basado en cifras divulgadas hasta el pasado 4 de agosto, fueron registrados 34.598 indígenas contagiados y 1251 fallecidos. Mencionó, además, que la pandemia ha afectado a alrededor de 212 pueblos ancestrales. 

“Al respecto, la CIDH tuvo conocimiento de la pérdida de vidas de líderes y lideresas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, quienes en vida resguardaron la sabiduría y los conocimientos ancestrales de sus pueblos. Situación que pone en grave riesgo la reserva cultural y espiritual de estos colectivos”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Para la organización, una de las posibles causas del contagio en las comunidades indígenas es la entrega de licencias ambientales sin previa consulta para la implementación de proyectos extractivos y de infraestructura en sus territorios y sus alrededores.

Además del avance de actividades de tala y minería ilegal en los territorios ancestrales, así como de la presencia de actores armados y grupos de crimen organizado.

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