El Congreso de la República aprobó el presupuesto del sistema general de regalías. Foto Senado de la República.
23 de nov de 2022 12:07
Aprobado presupuesto del sistema de regalías por $ 31.3 billones
Red+ Noticias | Bogotá

Con la aprobación de este proyecto de ley en las plenarias de Senado y Cámara, la iniciativa pasará a sanción presidencial.

La Plenaria del Senado aprobó en último debate, y con 77 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de ley del presupuesto del Sistema General de Regalías por $ 31,3 billones para 2023-2024,  cifra equivalente a 2,1 % del PIB.

"Es una contribución al desarrollo regional de Colombia y al sostenimiento de la actividad económica nacional”, expresó Ocampo.



El ministro explicó además que con este proyecto aumentará el gasto social en las regiones, en la medida en que le adicionará más de $ 1,4 billones al que había presentado y aprobado el gobierno anterior. 

En relación con el bienio actual (2021-2022), el incremento que propone este proyecto de ley corresponde a 94 % de los ingresos corrientes del sistema, pasando de $ 15,4 a $ 29,9 billones. Para esta proyección de regalías de ingresos corrientes de $ 29,9 billones, 76 % proviene de la explotación de hidrocarburos ($ 22,65 billones) y 24 % de la explotación minera ($ 7,25 billones).

De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, este proyecto de ley favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades.

¿Cómo serán distribuidos los recursos?

El Gobierno tiene proyectado asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por $ 29 billones, que se distribuirán así:

  • $ 7,5 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.
     
  • $ 3,8 billones se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
     
  • $ 10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos.
     
  • $ 3,0 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $ 600.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.

  • $ 3,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PDET.
     
  • $ 694.000 millones serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.
     
  • $ 299.000 millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, propósito que será fortalecido por la inversión de $ 599.000 millones, que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas.
     
  • Cormagdalena recibirá $ 150.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.

Es de destacar que para el ahorro el Gobierno destinará a través de los Fondos para la Estabilización y para el ahorro pensional territorial $ 1,3 billones. Así mismo, $ 299.000 millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.

También se destinarán $ 598.000 millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.

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